Ir al contenido principal

Sin novedad en el frente. Diario del confinamiento, día 44: El confinado de piedra


Hay muchas formas de gobernar y legislar. Y a primera vista, dadas las críticas generalizadas que suscitan todas las decisiones que tomen las administraciones públicas, son todas malas. Pero sin tratar de calificarlas como buenas o malas y simplificando quizá en exceso, creo podemos dividir las decisiones de nuestros gobernantes en dos amplias categorías: a) aquellas que afectan a toda la población o, al menos, a amplísimos grupos; b) aquellas que están diseñadas para colectivos muy específicos.

En muchas ocasiones, el legislador trata de evitar a toda costa que la generalidad de la población o individuos que no lo necesitan se beneficien de medidas que están diseñadas para grupos muy concretos. Para conseguirlo, la legislación se llena de detalles que son a veces difíciles de conocer en su totalidad. Se ponen límites más o menos artificiales y condiciones que hay que cumplir de manera taxativa, so pena de no poder acceder a tal o cual ayuda, a un beneficio que puede ser absolutamente necesario.

Nada que objetar al principio general de que, en particular en una situación como la actual, hay que ayudar al que de verdad lo necesita. Lo que ocurre es que el nivel de detalle en la legislación y normativas deja fuera en ocasiones a gente que necesita esa ayuda, a veces simplemente porque no puede aportar la documentación necesaria para acreditar su situación, por no cumplir algún requisito concreto o, peor aún, porque su situación es todavía peor de lo que la legislación ha considerado y se salen de los criterios aplicables, pero por la parte de abajo.

Por ejemplo, hace unos días leí un demoledor artículo sobre las condiciones de confinamiento, en 35 metros cuadrados, de una familia de cinco personas (una pareja con hijos de dos, cuatro y seis años). Ella desempleada y él afectado por un ERTE, cuentan con una ayuda regional para pagar el alquiler de 650 euros que les cuesta la buhardilla. Pero he aquí que esa ayuda al alquiler solo la reciben cuando presentan el recibo de haberlo pagado. Entiendo que es una medida para evitar fraudes (ie, gente cobrando ayudas por alquileres que no existen), pero en este caso la medida de precaución se ha convertido en un obstáculo insalvable para una familia que, con toda seguridad, el próximo mes no podrá pagar el recibo del alquiler.

También he conocido un caso cercano de una persona a la que le han negado la ayuda extraordinaria para los profesionales autónomos. No sé si se lo habrán negado porque no ha podido demostrar el cese de actividad o una caída de los ingresos del 75% respecto a los seis meses anteriores (las condiciones que parece que hay que cumplir). Lo que sí que sé es que su actividad está ligada a la publicidad física (estadios y campos de fútbol) en las competiciones deportivas. Desde que empezó el confinamiento no hay fútbol y está mano sobre mano. Cierto que la publicidad no ha sido obligada a cerrar por decreto, pero en muchos casos –y en este en concreto- el cese ha venido forzado por las circunstancias.

Todo ello nos lleva a la idea de la renta mínima universal o el ingreso mínimo vital que, aparentemente, estará en marcha en algún momento del mes de mayo. Lo que se está estudiando -de acuerdo con la información que aporta el artículo de El Español- es una norma que se aplicaría en función de unos criterios bastante estrictos y beneficiaría, con importes de unos 500 euros mensuales, a individuos con rentas actuales inferiores a 200 euros al mes (450 de renta conjunta en caso de personas que convivan con otras en la misma residencia).

Yo me pregunto qué será entonces de aquellas personas que cuenten con un ingreso de, digamos 250 o 300 euros mensuales, claramente insuficientes para sobrevivir, pero superiores al límite para acceder a la ayuda. Se quedarán con la cara del confinado de piedra, atontados con el pensamiento de que, si tuviesen la mala suerte de ganar 50 o 100 euros menos al mes, acabarían ingresando 500 más.


Ante toda la panoplia de ayudas específicas (para sectores económicos concretos o para individuos que cumplan determinadas condiciones) y ante el conocimiento cierto de que la crisis del coronavirus va a afectar de forma amplia a toda la economía y a toda la población, yo me pregunto si no sería el momento de considerar las ayudas de un modo más amplio. En la modalidad a) que planteaba al comienzo.

Hace menos de un mes, Toni Roldán, uno de los constructores del programa económico de Ciudadanos y miembro de su dirección hasta que se cabreó con la errática política de Rivera, hizo una propuesta de renta básica universal que creo que merece toda consideración: pagar durante tres meses un sueldo de 1.000 euros a todos los españoles en edad de trabajar. Un sueldo que se devolvería vía impuestos de modo inversamente proporcional a cómo haya afectado la caída de las rentas a cada individuo durante la crisis (quienes no hubiesen sufrido caídas de ingresos, lo devolverían íntegro).

Creo que es una propuesta que ha pasado más bien desapercibida, pero aporta el valor de la inmediatez, la simplicidad y la universalidad, evitando que los individuos que se sitúan en los límites de los requisitos queden marginados. Ahí lo dejo para la reflexión.

Mañana comenzamos semana, sin novedad en el frente, pero con ganas de que esto se vaya pasando, que ya toca.

Artículos anteriores de la serie:

Comentarios

Vicky Oliva ha dicho que…
Este convidado de piedra es víctima de las medidas que se toman de cara a la galería, para dar titulares y fotos. Luego, en la práctica, los requisitos eliminan a la mayoría de los potenciales beneficiarios. Por qué? Sencillamente porque no hay dinero para pagar esas ayudas y España no está consiguiendo financiación, ni dentro ni fuera.